Procesos de control que son utilizados para justificar incumplimientos
Descargar PublicaciónLa Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad establece un plazo de pago de 30 días desde la recepción de las mercancías o la prestación de los servicios, ampliable a 60 mediante acuerdo de las partes. Sin embargo, el plazo de pago real de algunas empresas no toma como punto de partida la fecha de prestación del servicio, sino la fecha de la factura, y esa factura no se admite sin un número de pedido o Purchase Order (P.O.) previo. El problema radica en que la emisión del pedido está sujeta a un circuito de aprobaciones sucesivas basado en la segregación de funciones, cuya duración depende tanto del nivel de automatización como de la voluntad de la empresa de ser rápida o lenta. El resultado es que, aunque las cuentas anuales reflejen plazos de pago formalmente ajustados al límite legal, el plazo efectivo puede extenderse durante meses.
"De forma involuntaria, y a veces voluntaria, los procesos de control permiten dilatar los plazos de cumplimiento contractual y normativo."
La Ley 3/2004 computa el plazo desde la prestación del servicio. Algunas empresas lo computan desde la factura, condicionada a un pedido previo cuya tramitación puede prolongarse meses, desconectando el plazo contable del efectivo.
Diseño excesivamente largo, ejecución ineficiente o uso deliberado del efecto de demora. Las consecuencias jurídicas son las mismas con independencia de cuál sea la causa.
Concursos con proveedor predeterminado, portales de proveedores con requisitos excluyentes, auditorías sin hallazgos y cuestionarios orientados a un resultado favorable con independencia de la realidad subyacente.
Fijar plazos máximos en cada etapa del proceso, calcular el tiempo medio entre la fecha de inicio de la obligación de pago y el pago efectivo, y establecer KPI para detectar errores de diseño, ineficiencias o abusos.
Caso de uso IA Farma 04 – Uso de la IA en ensayos clínicos. Análisis de riesgos del uso de un sistema de IA basado en PLN y aprendizaje automático en el reclutamiento, el diseño, la monitorización y la gestión de datos del ensayo clínico.
La sanción de 10 millones de euros a AENA por incumplimiento del artículo 35 del RGPD fija los criterios que debe cumplir una evaluación de impacto en protección de datos: RAT completo, gestión correcta del riesgo, juicios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad por finalidad, y análisis documentado de alternativas.
La hiperregulación dificulta cumplir el 100 % de las obligaciones legales. Juan Pablo Tornos analiza cómo el cumplimiento parcial puede atenuar la sanción.
